Valencia 02/10/2017

Caos en el control de caza de aves cantoras en la Comunidad Valenciana
La captura de aves cantoras en la Comunidad Valenciana vuelve a ser objeto de polémica, por lo que respecta a la laxitud de la Administración autonómica a la hora de controlar las órdenes y autorizaciones excepcionales concedidas para la caza de estas especies, una práctica con la que Bruselas quiere acabar definitivamente y que seis territorios españoles ya han suspendido temporalmente.
La extracción de fringílidos del medio natural está cuestionada por la Comisión Europea, que considera la caza como una actividad incompatible con la normativa sobre conservación de estas aves. En la Península Ibérica, la normativa se refiere, en concreto, a medio centenar de especies entre las que destacan las cinco nativas -jilguero, pardillo, verderón, verdecillo y pinzón- que se utilizan para los concursos de canto, una práctica conocida como silvestrismo.

La directiva europea insta a los diferentes Estados a abandonar la captura de estos animales y a sustituirla por la reproducción y el adiestramiento en cautividad, permitiendo su caza sólo «en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo». Es por ello que en 2011 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente abrió un periodo de adaptación para que las Comunidades fueran limitando progresivamente los permisos de caza, de 2013 a 2018.

Esas condiciones se volvieron aún más restrictivas en 2016, después de que Bruselas apercibiera a España, recriminándole que las autorizaciones extraordinarias no estaban lo suficientemente justificadas y advirtiéndole de que incumplía las obligaciones marcadas por la Directiva del Parlamento y el Consejo Europeo relativa a la conservación de aves silvestres.

A raíz de la adaptación progresiva, en la Comunidad Valenciana el cupo se ha ido reduciendo de las 104.000 capturas en 2013 a las 10.400 permitidas para 2018. En el expediente sancionador que Bruselas inició en 2016, destacaba el caso concreto de este territorio, donde hay una especial reticencia para aceptar la cría en cautividad como solución, debido a los «grandes esfuerzos» que tendrían que hacerse para que esta se convirtiera en alternativa y a la arraigada tradición cinegética, según expresaron las propias autoridades valencianas. Europa contestó que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) «el hecho de que sea necesario adaptar las instalaciones existentes de cría en cautividad no puede considerarse un argumento para rechazar dicha cría o para no considerarla una alternativa a la captura en vivo».

Irregularidades

La principal crítica al Consell le ha llegado desde dentro de casa, a través de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunidad Valenciana (APAMACV). Este cuerpo funcionarial remitió el pasado 21 de septiembre una carta a la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, alertando sobre las dificultades con las que se encuentran para localizar los puntos de captura y otros contratiempos que dificultan la búsqueda de estas zonas y el eficiente cumplimiento de sus funciones.

Según explican desde la entidad, la información obtenida este año llegó tras exigirla, ya que en 2016 no les fue facilitada. Sin embargo, ahora que las han analizado, las autorizaciones están «repletas de errores u omisiones de requisitos imprescindibles», lo que les lleva a pensar que «se está vulnerando la Directiva de Aves de la Unión Europea».

Entre los errores detectados destaca que las coordenadas que se exige especificar no están introducidas en el formato UTM solicitado, hay números de teléfono incorrectos, datos incompletos, ubicaciones en el casco urbano o coordenadas que se corresponden con otros municipios o provincias distintos, o en comarcas de Valencia o Castellón en las que las posibles ubicaciones aún no han llegado.

Explican los Agentes Medioambientales que, sobre el total de 27.664 capturas autorizadas en la presente temporada (que va de agosto a noviembre) las ubicaciones son erróneas en un 42% en la provincia de Alicante, un 47% en la de provincia de Valencia y un 41% en la de Castellón. Y añaden que esos fallos o la omisión de requisitos fundamentales en las solicitudes presentadas, tendrían que haber sido requeridos por la Administración, con un plazo de 10 días para subsanarlas y haber sido rechazadas en su defecto.

Asimismo, alertan a Medio Ambiente de que han observado una situación de extrema gravedad en la tramitación de esos procedimientos, al menos en la provincia de Alicante. Y es que, según indican, las resoluciones de autorización emitidas el día 24 de julio por la Dirección Territorial son incluso anteriores a que se abriera el plazo de solicitud, que arranca el 4 de agosto. «Evidentemente no se puede resolver un expediente que todavía no se ha iniciado y se han emitido resoluciones en tal sentido», apuntan los Agentes Medioambientales, que consideran que todas esas resoluciones deberían ser nulas «por provenir de actos dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido». Tampoco se publicó en la Resolución de este año el número de autorizaciones concedidas, según prevé la normativa.

Por todo ello, la Asociación de Agentes Medioambientales ha solicitado a la Conselleria que rectifique los errores para que el colectivo pueda realizar correctamente los controles durante la temporada o que, si corresponde, los anule. En caso contrario, avanzan que elevarán las irregularidades a las fiscalías provinciales de Medio Ambiente, al entender que se estaría incumpliendo presuntamente la Orden autonómica y que ellos mismos podrían estar incurriendo en una prevaricación medioambiental «que nos afectaría como funcionarios públicos, al no poder realizar correctamente la labor de vigilancia, seguimiento y control que los Agentes Medioambientales tenemos encomendada».